Protestar en Venezuela será delito

La fiscalía procesará a los ciudadanos que se manifiesten contra el Gobierno

Protestar en las calles de Venezuela es, a partir de ahora, sinónimo de crimen. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, ha anunciado que abrirá procesos contra todos aquellos ciudadanos que "por cualquier motivo marchan" y que, en su opinión, sólo buscan "desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo". "Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", dijo Ortega, mientras moderaba su programa de radio En sintonía con el Ministerio Público, que transmite todos los viernes una emisora del Estado. Su opinión es que "(estas) conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.

A principios de julio, y también a través de su programa, Luisa Ortega también propuso al Parlamento que aprobara una polémica "ley contra delitos mediáticos" para castigar a los medios de comunicación que difundieran informaciones que "incitaran al odio" o generasen "zozobra" entre la población.

Los primeros "rebeldes", según el criterio de la fiscal, ya están tras las rejas. El prefecto de la ciudad y 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas -que gobierna el opositor Antonio Ledezma- fueron detenidos este miércoles por participar en la marcha que se realizó el sábado 22 de agosto contra la recién aprobada Ley Orgánica de Educación, que resta autonomía a las universidades y establece un sistema para fundar "la nueva conciencia" socialista en las escuelas.

Todos ellos fueron acusados de "obstrucción de la vía pública", "instigación a delinquir" y lesiones contra policías. Según la fiscal, esta protesta, en la que participaron miles de venezolanos, fue convocada por los partidos y organizaciones civiles de oposición para generar "un clima de violencia" y "crear un escenario parecido al del 11 y 12 de abril de 2002, cuando se produjo el golpe de Estado en Venezuela" que sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas.

La declaración de la fiscal no ha sido sino un signo más en la marcada tendencia del Gobierno de Hugo Chávez a la criminalización de la protesta. Desde 2007, al menos 300 estudiantes han sido detenidos por participar en las manifestaciones contra el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión y contra la reforma constitucional propuesta por Chávez para establecer su reelección indefinida; desde entonces, 256 de ellos deben presentarse ante un juez de forma periódica y tienen prohibido salir del país.

Tanto el presidente Chávez como la fiscal Díaz han criticado al gremio de los periodistas, que también está en pie de protesta contra las crecientes amenazas contra la libertad de expresión en Venezuela. Hace dos semanas, 12 reporteros fueron agredidos con palos y piedras por un grupo de chavistas cuando repartían volantes en el centro de Caracas contra uno de los artículos de la nueva Ley de Educación, que establece el cierre inmediato de medios de comunicación que difundan contenidos que generen "terror" en los niños.

Chávez justificó la paliza al decir que esa protesta fue una "provocación" contra el pueblo, mientras la fiscal dijo que los comunicadores que participan en este tipo de actos dejan de ser periodistas y se convierten en políticos. Como responsable por esta agresión, sólo fue detenido un trabajador del canal estatal Ávila TV, liberado una semana más tarde.

MAYE PRIMERA - Caracas - 30/08/2009

Salón Segunda Reunión

La segunda reunión de nuestra línea de investigación será el próximo martes 18 de agosto a las 4:00 pm en el salón A - 103.

CIDH Y RELATORÍA ESPECIAL ENVÍAN COMUNICACIÓN AL ESTADO VENEZOLANO MANIFESTANDO PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Washington, D.C. 5 de agosto de 2009 - El Comisionado para los asuntos de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino, enviaron hoy una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para manifestar su profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión, solicitar información por los hechos que vienen ocurriendo en dicho país, y entregar observaciones respecto de la propuesta del Ministerio Público denominada Proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos.

En los últimos meses altos funcionarios del Estado han realizado fuertes declaraciones públicas en contra de diversos medios de comunicación, sus directivos y periodistas, acusándolos de practicar un "terrorismo mediático" y de fomentar un "discurso de odio" que puede afectar la "salud mental" de la población venezolana. Luego de tales declaraciones, se han incrementado los actos de violencia contra varios de estos medios por parte de grupos privados afines al gobierno. El 3 de agosto de 2009,Globovisión, canal de televisión previamente declarado por un grupo delincuencial como "objetivo militar", fue objeto de un grave ataque por parte de grupos privados. Según la información recibida, los atacantes ingresaron armados a la sede del canal de televisión, arrojaron bombas lacrimógenas, intimidaron a los trabajadores del medio e hirieron a un guardia de seguridad. En la carta, el Comisionado Pinheiro y la Relatora Especial condenaron estos graves hechos, reconocieron la pronta reacción del Presidente Hugo Chávez así como del Ministro del Interior y Justicia Tareck El Aissami, y exhortaron a las autoridades venezolanas a investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos violentos. Recordaron al Estado que, debido a las graves amenazas de que han sido objeto, los periodistas, directivos y trabajadores deGlobovisión se encuentran protegidos con medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004.

Por otra parte, Comisionado Pinheiro y la Relatora Especial manifestaron su preocupación por información que indica que el 3 de julio de 2009 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó cancelar la transmisión por televisión y radio de avisos publicitarios que criticaban un proyecto de reforma legislativa. La medida prohibitiva señaló que tales anuncios podrían constituir una amenaza al orden público y otras autoridades indicaron que los mismos afectarían la "salud mental" de los habitantes del territorio venezolano. Luego de esta decisión, las autoridades competentes habrían abierto procedimientos administrativos sancionatorios contra los medios de comunicación que transmitieron dicha propaganda y el Ministerio Público habría interpuesto una denuncia penal contra los medios escritos que la publicaron.

A este respecto, el Comisionado y la Relatora Especial recordaron al Estado que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 citado, debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratas a los funcionarios públicos o a un sector de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad verdaderamente democrática. Asimismo, pusieron de presente que el artículo 13 de la Convención Americana prohíbe la censura.

En su carta, el Comisionado y la Relatora Especial se refieren a la decisión de 31 de julio de 2009, por medio de la cual Conatel ordenó a 34 radioemisoras de AM y FM de todo el país cesar sus transmisiones de manera inmediata. Previamente, el Ministro para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, había señalado que algunas de las emisoras cuyo permiso o concesión estaba siendo revisado "juegan a la desestabilización en Venezuela". Estas afirmaciones sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para adoptar la decisión de cierre. Pinheiro y Botero Marino expresaron su profunda preocupación por estos hechos y recordaron al Estado que el artículo 13.3 de la Convención Americana establece que: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones

Por otra parte, el 30 de julio de 2009 la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expuso ante la Asamblea Nacional el denominado "Proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos", el cual establece sanciones privativas de la libertad por "aquellas conductas que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado y la salud mental, que generen un clima de impunidad o inseguridad, y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".

En la carta, el Comisionado y la Relatora Especial recuerdan al Estado venezolano la obligación de establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida, lo cual implica el diseño de instituciones que permitan, y no que dificulten, la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública. Nada de esto se compadece con el uso indiscriminado del derecho penal como mecanismo para limitar la circulación libre de opiniones e informaciones, especialmente cuando las mismas se refieren a asuntos públicos.

De otra parte, la ambigüedad de las conductas descritas en la propuesta expuesta terminaría por silenciar el debate sobre aquellos temas que justamente requieren de una mayor deliberación y control público. Asimismo, su enorme amplitud podría comprometer, de forma grave, el principio de estricta legalidad que, como lo ha señalado la Corte Interamericana, obliga a los Estados a definir de manera expresa, precisa y clara, cada una de las conductas que pueden ser objeto de sanción. En palabras del tribunal: "La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad".

"De ser aprobada esta propuesta, ninguna persona en la República Bolivariana de Venezuela podrá sentir la tranquilidad de expresar sus pensamientos críticos o disidentes sin temor a ser objeto de una angustiosa persecución penal", indicaron Pinheiro y Botero Marino.

Finalmente, el Comisionado y la Relatora Especial reiteraron las solicitudes previas de información sobre las situaciones descritas. Asimismo, ofrecieron al Estado su colaboración en la discusión de las normas o políticas públicas relacionadas con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DETERIORO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA

Washington, 3 de agosto de 2009 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Desde el año 2000, la CIDH ha venido observando una paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica. Por información recibida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en los últimos días la Comisión ha conocido nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y la presentación de un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión.

Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del 31 de julio de 2009, 34 radioemisoras de FM y AM debieron cesar sus transmisiones de manera inmediata. En las decisiones que revocan los permisos o licencias, se habría argumentado razones técnicas relativas al masivo incumplimiento de algunas disposiciones de la ley de telecomunicaciones. Por otro lado, la CIDH recibió información de que las autoridades habrían anunciado como una de las razones para proceder a los cierres que se trata de emisoras que “juegan a la desestabilización de Venezuela”.

La CIDH expresa su preocupación por la existencia de elementos que sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para el cierre de estas radioemisoras. La Comisión reconoce la facultad del Gobierno de regular las ondas radioeléctricas, pero destaca que dicha facultad debe realizarse con un estricto apego al debido proceso y respetando los estándares interamericanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión de todas las personas. En particular, las limitaciones impuestas a la libertad de expresión no deben fomentar la intolerancia, ni pueden ser discriminatorias, producir efectos discriminatorios o estar fundadas en la línea editorial de los medios de comunicación.

Por otro lado, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó recientemente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es sancionar los llamados “delitos mediáticos”. El proyecto prevé penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que divulguen información “falsa” o que produzca “perjuicio a los intereses del Estado”, y también establece penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que se nieguen a informar sobre “hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley representaría un serio retroceso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

Asimismo, la CIDH recibió información de que el 3 de agosto de 2009 personas armadas ingresaron por la fuerza a la sede del canal Globovisión y lanzaron bombas lacrimógenas. Este ataque se suma a otros hechos de violencia que se han registrado en los últimos años contra los periodistas y trabajadores de Globovisión y otros medios de comunicación que tienen una línea editorial crítica al Gobierno. La CIDH insta al Estado a investigar estos hechos, sancionar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los periodistas y trabajadores de Globovisión y de todos los medios de comunicación de manera que puedan realizar su tarea sin restricciones.

La CIDH en reiteradas oportunidades ha expresado su seria preocupación por la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Asimismo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha expresado su preocupación y ha enviado numerosas comunicaciones al Estado, solicitando información y expresando la necesidad de que las disposiciones legales y administrativas se ajusten a los estándares interamericanos en la materia. El cierre de 34 emisoras de radio, la amenaza de más cierres, las agresiones a periodistas y ataques a medios con línea editorial crítica, y el reciente proyecto de ley representan graves limitaciones al libre ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

La CIDH está abocada a preparar un informe sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Las solicitudes de información sobre estos temas de libertad de expresión forman parte de los esfuerzos de la Comisión Interamericana con el objeto de obtener insumos para la elaboración de dicho informe.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a país alguno en particular, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Primera Reunión

Con la asistencia del Dr Nestor Osuna, Director del Departamento de Derecho Constitucional y director de la línea de investigación; del profesor Juan Carlos Upegui, Docente Investigador del departamento de derecho Constitucional y del grupo de diesiciete estudiantes investigadores; hemos realizado la primera reunión de la línea de investigación sobre "La Libertad de expresión en el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos" .

En la charla introductoria el Dr Osuna expuso la justificación de la investigación, la metodología de trabajo y el propósito de la misma. El profesor Juan Carlos Upegui nos adelantó algunos aspectos novedosos e interesantes sobre los cuales valdría la pena investigar.

Acordamos la creación de un blog, que esperamos sirva como medio de comunicación entre los investigadores y de socialización a la comunidad académica de los avances en nuestra investigación.

Con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia y especialmente del Departamento de derecho Constitucional, sin duda alguna, nuestra línea de investigación llegará a "lugares a los que uno nunca se ha imaginado".