Informe Relatoría Libertad Expresión CIDH

En este link pueden encontrar el informe de la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de derechos humanos.

Pinchen aqui.

Espionaje y Libertad de Expresión II.

De manera muy acertada Juan Carlos Upegui nos propuso pensar en la relación entre las actividades del DAS y la libertad de expresión. La primera respuesta a su pregunta le llega de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre derechos humanos, y la segunda de boca de Catalina Botero, quien se refirió a este tema en entrevista con la W Radio.

Los invito a escuchar la respuesta pinchando aquí.

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR USO DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO PARA SILENCIAR OPOSITORES EN VENEZUELA

Washington D.C., 25 de marzo de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.

Durante el 138 período de sesiones, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien se encuentra privada de libertad y para quien el 11 de enero de 2010 se otorgaron medidas cautelares, tras recibir una solicitud en que se indicaba que la habían amenazado con quemarla viva en la cárcel. En su informeDemocracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH informó sobre la situación de la juezaAfiuni Mora, quien el 10 de diciembre de 2009 ordenó la liberación de una persona que había estado privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado en la ley. El presidente Hugo Chávez dijo al día siguiente en cadena de radio y televisión que pedía 30 años de prisión para la magistrada, y un día más tarde la jueza fue imputada por graves delitos por el Ministerio Público.

Asimismo, durante las sesiones la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibieron información sobre la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz y sobre la apertura de una investigación sobre Guillermo Zuloaga por parte del Ministerio Público. En ambos casos, las acciones fueron iniciadas a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional.

De acuerdo a la información recibida, el 8 de marzo de 2010 Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, realizó denuncias sobre presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico, en un programa de televisión. Al día siguiente, el diputado Manuel Villalba, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, quien fue imputado por la comisión de varios delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración contra la forma republicana de gobierno, instigación pública a delinquir, e intimidación pública, informaciones falsas e incertidumbre pública. El 22 de marzo Álvarez Paz fue detenido y el 24 de marzo el tribunal ratificó su detención. Álvarez Paz se encuentra alojado en una dependencia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Por otra parte, el 24 de marzo el diputado Manuel Villalba también solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Como ya lo ha dicho la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.

La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado en reiteradas oportunidades su grave preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez mas reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes. En este sentido, resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Las expresiones públicas realizadas por muchas autoridades en apoyo a la detención de Álvarez Paz e incitando a la apertura de procedimientos penales contra otras personas como Guillermo Zuloaga por la simple expresión de sus opiniones en foros públicos, muestran un preocupante consenso entre las autoridades en el sentido de que es legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

ESPIONAJE Y LIBERTAD DE EXPRESION

Los invito a que escuchen el editorial de Juan Gossaín, experimentado comunicador colombiano, publicado el 13 de abril de 2010 en horas de la mañana en la emisora RCN, acerca de las actividades de espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad.

Me interesaría que miráramos cómo podrían ser catalogadas las actividades de espionaje, amedrantamiento, desinformación y difamación contra personas, movimientos, ongs y partidos políticos, opositores del gobierno de turno, desde el punto de vista de la libertad de expresión.

¿Podrían ser vistos como medios indirectos de censura? Quiero saber sus opiniones.

Las "Guerrillas Comunicacionales"

Los invito a poner atención sobre el fenómeno venezolano. En este caso, las "Guerrillas Comunicacionales" conformadas por menores de edad encargados de difundir el mensaje y la información oficial.

Podríamos discutir en una sesión sobre la libertad de expresión y el uso de menores de edad para difundir mensajes oficiales.

Pueden ver aquí un informe sobre la fundación, en días pasados, de estos grupos en los Liceos venezolanos.

Próxima Reunión

En la reunión de hoy acordamos que la próxima sesión será el miércoles 28 de abril a las 3:00 pm en el departamaneto de derecho constitucional, sin embargo, todos pueden enviar los adelantos de sus escritos por correo electrónico o ponerlos en el blog, para que podamos comentarlos y hacerles correcciónes.

Tenemos la tarea de preparar la intervención para las Jornadas Colombo-Venezolanas de justicia constitucional, en las que presentaremos un informe de los adelantos de nuestra investigación. Sara, Daniela e Ivan, deben preparar el documento de la intervención para corregirlo y presentarlo como ponencia para las Jornadas.

Esperamos recibir los adelantos de sus escritos, con el compromiso de corregirlos para nuestra publicación conjunta.

Por favor utilicen el blog, publiquen noticias, adelantos, novedades y discusiones.

FERNANDO VALLEJO

Encontré en Youtube el video-montaje (pinche aqui), en el cual el escritor Fernando Vallejo, en una entrevista al aire en la emisora la W afirma que hay que matar al presidente de la República. ¿Será esto una incitación a delinquir? ¿Estaremos en este caso en presencia de un uso abusivo de la libertad de expresión? ¿Esta terrible sinceridad de Vallejo podría ser prohibida por el derecho? ¿A qué Fiscal con un poco de conocimiento de la persona de Fernando Vallejo, de su obra, de sus opiniones, de sus polémicas intervenciones, se le ocurriría adelantar un proceso penal en su contra?

Saquen ustedes sus propias conclusiones.